Esta semana se cumplen 20 años del comienzo de uno de los genocidios más atroces de la Historia, el de Ruanda. En apenas cien días fue asesinado alrededor de un millón de personas: más de 300 a la hora, la mayoría a machetazos.
En este artículo se realiza un repaso por lo que sucedió, debido a la ignorancia de los problemas de fondo que sufren muchos ciudadanos occidentales. Aquí se explica un poco la historia de Ruanda, como la creación por parte de Bélgica de las dos razas que acabarían enfrentadas, hutus y tutsis. Por otra parte, la ONU tenía pruebas de que el genocidio se produciría, y aun así no hizo nada.
Colonización
Antes de la colonización de Ruanda por parte de Bélgica, en el llamado país de las mil colinas no existían diferencias étnicas, excepto los twa, que son pigmeos. Ruanda pertenecía a Alemania, y con el reparto que se hizo de sus colonias después de la Primera Guerra Mundial, África Oriental quedó dividida: algunos territorios fueron para Gran Bretaña y otros para Bélgica. Esta división se especificó en el Tratado de Versalles de 1919.
En 1924, la Sociedad de Naciones emitió un mandato por el cual garantizaba el control belga de Ruanda y Burundi, que pasaron a llamarse Ruanda-Urundi. Aunque las reglas del sistema de mandatos eran que la metrópoli debía facilitar el camino a la independencia de las colonias, Bélgica explotó económicamente este territorio y, lejos de cumplir con el objetivo de la Sociedad de Naciones, dividió al pueblo ruandés, que hasta entonces era ampliamente homogéneo, hablando la misma lengua y con las mismas tradiciones, a excepción de la pequeña comunidad pigmea twa. Bélgica decidió dividir en dos grupos a la población: hutus y tutsis, que conformaban dos estamentos dentro de una única etnia, la banyaruanda. Los tutsis eran una minoría –comerciantes y otros, considerados la burguesía–, pero fueron los elegidos por la metrópoli para ocupar puestos en el sector público y dirigir el país a nivel local. Los hutus abarcaban la mayoría de la población, eran principalmente agricultores. Según el censo de 1991, los tutsis representaban el 8 por ciento de la población, los hutus el 90 por ciento y menos del uno por ciento eran twa.
Tras la Segunda Guerra Mundial, se convirtieron en territorios administrados por la ONU. Durante los años cincuenta estallaron los movimientos de descolonización por todo el mundo, y en esa región el Congo belga fue el protagonista. Finalmente, en 1960 consiguió su independencia, y dos años después lo hicieron los territorios de Ruanda-Urundi, que se separaron conformando los actuales Estados de Ruanda y Burundi. Fue entonces cuando comenzaron los problemas entre ambos grupos étnicos. El resentimiento entre los hutus había ido creciendo a lo largo de los años, y veían a los tutsis como cómplices de los colonizadores. Además, ya con la independencia, en Ruanda, convertida en república, empezaron a gobernar los hutus, cuyos políticos alentaron aún más este sentimiento anti-tutsi. Así, durante las décadas de los 60 y 70 se sucedieron varias masacres contra el grupo minoritario, a menudo ejecutadas cuando el gobierno buscaba un chivo expiatorio ante otros problemas.
Los años 90
Ya en 1990, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), de mayoría tutsi, invadió Ruanda desde la vecina Uganda. Comenzó así la guerra civil que duró tres años, hasta que el 4 de agosto de 1993 el FPR y el Gobierno hutu de Juvénal Habyarimana –que ocupaba el poder desde 1973 tras un golpe de estado– firmaron el Acuerdo de Paz de Arusha, en Tanzania. Esto no gustó a los círculos hutus más extremistas, que veían en este acuerdo un signo de debilidad del gobierno y una posibilidad de pérdida de poder. Así que pusieron en marcha el plan de eliminar a sus enemigos, lo cual, al estar el FPR encabezado por tutsis, pasaba necesariamente por hacer desaparecer a toda la etnia contraria.
Mientras tanto, la ONU envió a Ruanda una misión de paz, siguiendo el Acuerdo de Arusha, aunque tanto el número de tropas como la capacidad de acción eran muy reducidos. Los agentes enviados sólo eran observadores y no tenían permiso para utilizar la fuerza. Cualquier información sobre actos de violación de la paz debía ser reportada al gobierno del país, que era, a su vez, el que perpetraría el genocidio.
A principios de 1994, el comandante canadiense Roméo Dallaire, que había sido puesto al mando de las tropas de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Ruanda (UNAMIR, por sus siglas en inglés) a finales de 1993, ya alertó de que se estaban preparando asesinatos en masa. Sabía, por sus fuentes, que los extremistas hutus habían recibido la orden de registrar a todos los tutsis de Kigali, la capital. Pero, además, estaban llegando a Ruanda aviones cargados con armas de fuego, granadas y machetes. Otras dos comisiones internacionales –una enviada por la ONU y la otra por una organización de derechos humanos– también advertían explícitamente de un posible genocidio.
Roméo Dallaire pidió permiso a la Oficina de Mantenimiento de la Paz de la ONU, entonces dirigida por Kofi Annan, para atacar los depósitos de armas de los extremistas hutus. La respuesta fue negativa, y tan solo se le ordenó reportar toda la información a los gobiernos belga, francés y estadounidense, además del ruandés.
Tras todo esto, el 6 de abril de 1994, el avión en que viajaban Habyarimana y su homólogo de Burundi fue atacado y ambos murieron, junto a más personas. Este fue el pretexto utilizado por los hutus extremistas para iniciar el genocidio que duraría hasta el mes de julio, cuando el FPR tutsi consiguió entrar en Kigali. A pesar del breve periodo temporal, el genocidio dejó más de 800.000 tutsis y hutus moderados asesinados –bastantes autores señalan un millón– y más de dos millones de refugiados y desplazados internos en un país de ocho millones de personas.
Una vez derrocado el poder hutu, se estableció un gobierno mixto, con el hutu Pasteur Bizimungu como presidente y el tutsi Paul Kagame como su adjunto. En el año 2000, Kagame pasó a ser presidente del país, hasta la actualidad.
Política de Paul Kagame
Desgraciadamente, que los tutsis llegaran al poder tras el genocidio no significa que todo se solucionara en Ruanda. Entre los aspectos positivos hay que destacar que desde que el nuevo gobierno de transición llegó al poder, el principal objetivo era que aquello no se volviera a repetir. Basándose en la causa étnica, se abogó por la eliminación de las etnias, de tal forma que, entre otras cosas, se eliminó esta información de los carnets de identidad de la población. En definitiva, el argumento era que «si se pueden aprender las diferencias étnicas, también se puede aprender la idea de que el origen étnico no existe». También es cierto que los delitos de genocidio que se juzgan imponen las mismas sanciones a los hutus genocidas que a los tutsis que asesinaron.
No obstante, el régimen de Kagame ha manipulado la memoria y, aunque medidas como la eliminación de la etnia son importantes, es necesario un ajuste de cuentas en que cada parte asuma su responsabilidad. Además, medidas como esta no son demasiado útiles si en cada conmemoración anual Kagame niega explícitamente la situación de las víctimas hutus que el propio FPR causó. Lo cierto es el gobierno de Paul Kagame ha conseguido manipular la memoria, desviando la atención de todos los asesinatos que su grupo cometió y consiguiendo el visto bueno de una comunidad internacional que prefiere ignorar el pasado de violación de derechos humanos del actual presidente y así sentir que expía el comportamiento que tuvo durante el genocidio.
El Gobierno del FPR tipificó como delito el divisionismo étnico, lo cual es un arma de doble filo, porque, aunque a simple vista pueda parecer una medida unificadora, cualquier persona con memoria crítica que quiera reconocer la responsabilidad y el sufrimiento de ambas etnias es acusada de este delito. Y tiene sentido, partiendo de que el FPR y el propio Kagame perpetraron igualmente miles de asesinatos. Este delito de divisionismo étnico, junto al de ideología del genocidio, se utiliza también para coartar la libertad de expresión y de información. Estas políticas dan libertad para que todos realicen las actividades que deseen, siempre y cuando se ajusten a la línea oficial. En el momento en que los medios rozan la disidencia o intentan ofrecer distintas opiniones, su independencia es aplastada en nombre de la seguridad nacional, y son acusados de «divisionismo», «ideología étnica» o «mentalidad genocida». Así que no es de extrañar que muchos periodistas respetables y políticos de la oposición hayan optado por abandonar el país.
Tribunales para el genocidio: gacaca y TPIR
La mayoría de los responsables del genocidio han cumplido o cumplen condena por sus delitos. Se establecieron unos tribunales tradicionales para intentar englobar tanto la justicia como la reconciliación nacional, los conocidos como tribunales gacaca, que se establecieron en 2001 y llegaron a su fin en 2012. Aunque cumplieron algunas de sus funciones, tenían muchas limitaciones, como la incapacidad de ofrecer la protección adecuada a víctimas de delitos muy graves, como los de violación. Se trataba de un sistema de justicia transitorio que se asentaba en unos mecanismos tradicionales basados en la comunidad para resolver los conflictos. El principio fundamental de este tipo de justicia es la participación ciudadana para la reconciliación, así como promover la confesión de los acusados a cambio de reducciones en las penas. A pesar del carácter tradicional al que aludió el presidente cuando decidió crear los tribunales gacaca, lo cierto es que su funcionamiento se alejaba bastante del vigente con sus antepasados, debido tanto a la gravedad de los crímenes que trataban como a los muchos aspectos importados del sistema judicial moderno.
Hay una especie de trampa en la propia creación de este sistema, debido a que se define como un conjunto de tribunales establecidos para juzgar crímenes perpetrados por genocidas durante el genocidio. Esta expresión, «por genocidas durante el genocidio», limita tanto el espacio temporal, dejando fuera todos los asesinatos producidos durante la guerra civil, como los autores, sin dar cabida al FPR. Por lo tanto, los asesinatos cometidos por la guerrilla tutsi quedaban impunes.
Por su parte, la ONU, que permaneció pasiva ante lo sucedido, creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) el 8 de noviembre de 1994. El primer juicio tuvo lugar en 1997 y en diciembre de 2012 el tribunal había completado la primera parte de su mandato. Terminó definitivamente en 2015, cuando traspasó sus competencias al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales, establecido por el Consejo de Seguridad.
Reflexión final
Para terminar, me gustaría explicar que considero necesario este artículo porque nunca hay que olvidar, aunque las masacres se produzcan en tierras tan lejanas como Ruanda, que en realidad están más cerca de lo que creemos. Considero interesante este país precisamente por lo poco que se sabe de él en Occidente, a pesar de los muchos intereses económicos que nuestros países y las grandes potencias tienen en él. Creo que todos deberíamos hacer lo posible para aprender sobre países africanos, porque los Estados de los países donde vivimos los explotan diariamente y nosotros somos víctimas de esa ignorancia impuesta, haciéndonos creer que toda África es igual. Pero la mayor culpa es nuestra, porque aceptamos esa ignorancia.
Lo sucedido en Ruanda fue una de las peores matanzas que ha vivido el mundo, pero no sólo lo hemos visto allí. El Congo ha sufrido una guerra tras otra desde su independencia en 1960, cada cual más cruel que la anterior, y la década de los noventa fue atroz para este país. Sin embargo, a ninguna potencia occidental le interesa terminar con los conflictos en este lugar, porque manteniendo las luchas armadas y sobre todo la pobreza, se genera el caos suficiente para poder explotar las inmensas minas de minerales preciosos como el coltán. Si bien hay que mencionar que el monopolio del coltán en el este del país lo tiene Ruanda, con los enfrentamientos que esto conlleva. Por supuesto, muchas de las empresas que trabajan para Ruanda en este negocio son occidentales. En el Congo ya son más de 5 millones los muertos por el conflicto, el hambre y las enfermedades; y más de 2,6 millones los desplazados. Y no, no están en guerra porque son pobres, precisamente porque son ricos. Y sí, las potencias más importantes del planeta son las mayores genocidas del mundo.
Los países occidentales son responsables de las guerras en África, en ocasiones por pasividad pero generalmente por actividad. En el caso de Ruanda, no podemos ni debemos olvidar que fue Bélgica la que decidió dividir al pueblo en dos etnias absurdas e inexistentes, solamente por ese dicho tan cierto que es «divide y vencerás».
Por último, y para no saturar al lector, creo que es interesante reflexionar sobre la memoria. En Ruanda se eliminaron las etnias, y eso está bien, pero sólo ha pasado una generación y nadie puede hablar de lo que sucedió. Y el debate es siempre necesario, hablar y reflexionar para poder perdonar –nunca olvidar–. Pero para ello primero es necesario hacer justicia. Las personas tenemos una memoria colectiva que se remonta a tiempos lejanos. Esta memoria colectiva e histórica marca también las relaciones de los grupos tras un conflicto. Por ello, es necesario reconocer a las víctimas del mismo, con el fin de superarlo. El rencor que estas puedan sentir hacia sus verdugos sólo puede desaparecer, o al menos reducirse, con juicios justos y reconocimientos mutuos. Y ahí dejo la reflexión, porque es aplicable a todos los conflictos del planeta.
Nota: Toda la información ha sido extraída de mi Trabajo Fin de Máster (2013): Estrategias y medidas nacionales e internacionales para la reconstrucción nacional de Ruanda tras el genocidio de 1994.
Artículo original en El Nuevo Fígaro el 10/04/2014.
