Todos los partidos que reciben atención de los medios defienden la explotación de los cuerpos de las mujeres y consideran que nuestros cuerpos se pueden dividir y alquilar por partes, como si fueran piezas de una máquina.
Prácticamente todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones apoyan la legalización de la explotación reproductiva, ya sea en su forma más neoliberal con un descarado intercambio monetario o en su forma más sutil hablando de un «altruismo» inexistente, ya que hay una «compensación económica» que, a fin de cuentas, hace las veces de pago y, en lugares donde realmente no existe, ha demostrado ser un fracaso y los compradores continúan viajando a otros países ante la falta de mujeres que se ofrecen. En definitiva, todos los partidos que reciben atención de los medios defienden la explotación de los cuerpos de las mujeres (a sabiendas de que son las más pobres las que acaban cayendo en esto en medio de un sistema neoliberal plagado de desigualdades) y consideran que nuestros cuerpos se pueden dividir y alquilar por partes, como si fueran piezas de una máquina. Por cierto, también resulta cuando menos llamativo que esos partidos tan «feministas» que defienden la identidad de género parecen no tener ninguna duda sobre lo que es una mujer en este contexto.
Sin embargo, volviendo al tema, a pesar de las expectativas nada halagüeñas que nos hacen suponer que, gobierne quien gobierne, en la próxima legislatura se aprobará la explotación reproductiva, y a pesar de las mentiras de las organizaciones que la defienden, al asegurar que es «alegal», lo cierto es que a día de hoy la compraventa de bebés por esta vía sí está regulada y es totalmente ilegal en nuestro país. Está expresamente prohibida en el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida de 2006: «Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor de un contratante o tercero». A día de hoy, «solo» la instrucción de 2010 permite traer bebés de otros países (de mujeres aún más pobres) y registrarlos como propios.
Pero, como decimos, explotar a mujeres y «alquilar» sus vientres es ilegal en España y, al ser un delito, tampoco se permite la publicidad de esa actividad. Al menos en teoría. Los días 16 y 17 de junio tuvo lugar en el Hotel Barceló Nervión de Bilbao el XVI Congreso Anacer, Asociación de Clínicas Privadas de Reproducción Asistida, cuyo programa contenía una ponencia sobre gestación subrogada. Varias asociaciones feministas vascas, así como mujeres a título individual, se organizaron en la plataforma No es ficción, está pasando, para exigir su cancelación, al promocionar una actividad ilegal y que atenta directamente contra los derechos humanos de las mujeres y la infancia. El congreso se celebró, no sin la presencia incómoda de las mujeres, disfrazadas de criadas con el fin de simular El cuento de la criada.
Congreso específico en julio
Ojalá esa ponencia hubiera sido un caso aislado. La resistencia continúa, ya que los próximos 21, 22 y 23 de julio se celebrará también en Bilbao el I Congreso Internacional de Mujeres y Gestación por Sustitución, dedicado específicamente a la publicidad y promoción de este delito. Como explica en su manifiesto No es ficción, está pasando, «un tercio de los bebés comprados en el extranjero por ciudadanos españoles se inscriben en Euskadi (sobre todo en Bizkaia), 250 al año. El negocio de la explotación reproductiva ha pasado de facturar 6.000 millones en 2012 a 115.000 millones en 2022. Hay clínicas de reproducción asistida en nuestro territorio que ofrecen bebés a la carta, con la permisividad del gobierno PNV-PSE y el silencio atronador de la oposición y del feminismo institucional».
Por eso, esta plataforma llevará a cabo diversos actos de protesta, con el fin de mostrar el rechazo absoluto que gran parte de la sociedad siente hacia el hecho de que se puedan comprar bebés como si fueran productos, pasando por encima de los derechos humanos básicos que tienen como personas. El congreso en cuestión está organizado por las asociaciones Gure Umeen Ametsak, Son Nuestros Hijos, la asociación Gestación Subrogada en España y la Red Latina de Investigadores en Biotecnologías Reproductivas (REDLIBRE), todas firmes defensoras de esta práctica. Es obvio que no se trata de otra cosa que de un intento de blanqueamiento e introducción de prácticas —repetimos— prohibidas y de intentar crear un falso debate sobre unos «derechos humanos» que no son tales, sino simples deseos individuales, ya que los derechos, por definición, nunca vulneran otros.
No es «alegal», sino ilegal
Así, los deseos nunca deben pasar por encima de otras personas, independientemente de si esas personas «consienten», en el caso de muchas mujeres, o simplemente de si son bebés a quienes se despoja de derechos básicos al ser considerados mercancía. Esto fue duramente criticado por el Tribunal Supremo en 2022, añadiendo la gravedad de la «cosificación» del menor al ser tratado, tanto él como la madre, «como meros objetos» y confirmando que, entre otros, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho del menor a conocer el origen. También destacó que «se imponen a la gestante unas limitaciones de su autonomía personal y de su integridad física y moral incompatibles con la dignidad humana».
Así que, reiteramos, la situación de la explotación reproductiva en España no es «alegal», sino que ya está regulada y es ilegal. Y lo repetiremos tantas veces como sea necesario. También que no es posible renunciar a los derechos humanos, pues son inalienables al ser humano y ninguna necesidad económica o falsa idea de consentimiento los invalida.
Artículo original en Nueva Revolución el 06/07/2023.
